La tarde de ayer, durante la tramitación del proyecto del Gobierno para permitir un segundo retiro del 10% de las AFP, se aprobaron las indicaciones que ingresó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, para perfeccionar el mecanismo de retención de los fondos de aquellas personas que tienen deudas alimenticias impagas.
Dichas indicaciones se aprobaron en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, y fueron realizadas en base a la experiencia que dejó el primer retiro del 10%, donde se detectaron una serie de dificultades —en la práctica— para llevar a cabo las retenciones de los fondos de las personas con pensiones alimenticias impagas.
En este sentido, el Seremi de Justicia y Derechos Humanos de Tarapacá, Fernando Canales, agregó que “desde nuestro Ministerio se ha detectado la presencia de problemas en el pago de las deudas alimenticias, por lo cual se ha conversado con el Poder Judicial, y para este segundo proyecto de retiro, se dieron las indicaciones para resolver esos problemas, que se resumen en grandes tres puntos: primero, se han detectado dificultades en las notificaciones de retención de los tribunales a los alimentantes; segundo, no existía una fórmula para resolver qué hacer cuando se tiene más de una pensión impaga; y tercero, que ha sido lo más complejo, era que las AFP no tenían plazo alguno para pagar los dineros a los alimentarios, cuando el tribunal decretaba la cancelación de las deudas”.
De esta forma, las indicaciones del Ejecutivo obligan a que la resolución judicial que ordena la retención, indique el monto específico que se debe pagar, junto con la identificación específica de la cuenta bancaria, y fija un plazo de máximo 10 días hábiles para que las AFP transfieran los dineros a los alimentarios.
Además, las indicaciones acortan los plazos de notificación de las resoluciones del tribunal a las AFP, así como permite el uso de medios electrónicos para estos fines.
Finalmente, cuando existan dos o más órdenes de retención, y el alimentante no tenga la suma suficiente, se sacará un proporcional que permitan el pago de ambas pensiones, para lo cual el juez de cada causa, podrá fijar un pago hasta por el monto correspondiente a la proporción respectiva.
Estas indicaciones ahora deberán ser ratificadas por la Sala de la Cámara de Diputados, y luego por el Senado en tercer trámite.