Los condenados simularon ser dueños de terrenos y estar a cargo de la construcción de proyectos habitacionales para que las familias les entregaran dinero a través de comités de vivienda.
A las penas efectivas de 7 años de presidio fueron condenados por el tribunal oral en lo penal de Iquique los acusados Neysmy Toledo Riveros y Gilberto Arredondo Zamora como autores del delito reiterado de estafa, luego que la Fiscalía de Alto Hospicio lograra acreditar su participación en el engaño a numerosas familias de la comuna inscritas en distintos comités de vivienda, pidiéndoles dinero con la promesa de que obtendrían la casa propia.
“Hoy el tribunal oral en lo penal condenó a los acusados Neysmy Toledo y su cónyuge Gilberto Arredondo por los delitos de estafa reiterada a las penas de 7 años de cumplimiento efectivo para cada uno. Si bien es cierto es inferior a la pena que nosotros estábamos solicitando, es una pena de crimen y vamos a analizar el contenido de la sentencia misma para ver los elementos que tomó en consideración el tribunal”, señaló la fiscal jefe de Alto Hospicio, Virginia Aravena.
El tribunal dio por acreditadas las estafas realizadas por los acusados en relación con los comités de vivienda “Alto Miramar” y “Un Hogar Digno”, con la Agrupación de Pequeños y Medianos Empresarios “Lo Alto Hospicio”, y con una familia de comerciantes. En la sentencia, los magistrados Loreto Jara, Pozo y Franco Repetto indicaron que los acusados desarrollaron una maquinación elaborada aparentando “la existencia de proyectos habitacionales, se arrogaron la propiedad de inmuebles, de influencias o aparentaron la posibilidad de negocios”, ardid que llevó a los afectados a incurrir en un error y entregarles “parte de su patrimonio, causándoles un perjuicio significativo”.
En el juicio que duró 20 días, la Fiscalía presentó el testimonios de 30 víctimas, además de otros testigos, quienes explicaron cómo los acusados les hicieron creer que eran dueños de terrenos en El Boro y en Santa Rosa donde construirían viviendas, y que debían entregarles dinero para obtener una casa, ya sea cancelando cuotas de inscripción, por estacionamientos y urbanización, entre otros cobros. El tribunal dio por acreditado que las víctimas fueron engañadas en más de 26 millones de pesos.
Si bien ambos acusados ya tenían condenas por delitos de estafa, el tribunal estimó que les beneficiaba la atenuante de irreprochable conducta anterior, ya que dichas condenas fueron posteriores a los hechos de este juicio.
La acusada Natalia Gutiérrez Carrillo, quien se desempeñaba como secretaria de los acusados, fue absuelta por el tribunal por estimar que no se pudo acreditar en el juicio que tuviera el ánimo de engañar a las víctimas para conseguir dinero de ellas.