El imputado quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
Por el delito reiterado de grabar imágenes privadas en lugares que no son de acceso al público sin el consentimiento de las víctimas fue formalizado el imputado Daniel Luna Hidalgo, ex camarógrafo de la Intendencia Regional, quien en octubre de 2019 fue denunciado por una alumna en práctica por haberla grabado con su celular cuando utilizó un baño del Gobierno Regional. El imputado quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas.
La fiscal de delitos sexuales a cargo del caso, Priscilla Silva, explicó que hasta la fecha se pudo determinar que entre los años 2008 y 2019, el imputado grabó en diversas oportunidades las zonas genitales de mujeres y en un caso de un hombre, cuando estas personas se encontraban al interior de los baños de distintos domicilios particulares y lugares donde el imputado trabajaba. Para hacer estas grabaciones el imputado instaló cámaras ocultas al interior de los baños y las imágenes las guardó en diversos discos duros.
“En este caso en particular las pericias realizadas por la Policía de Investigaciones a diversos soportes que mantenía el imputado en su poder permitieron encontrar 67 videos con imágenes de 66 mujeres y una persona de sexo masculino, identificando a cinco de las mujeres grabadas con las cámaras ocultas que el imputado instalaba en los baños, por supuesto sin el consentimiento de las víctimas”, explicó la fiscal.
El último de estos hechos habría ocurrido el 10 de mayo de 2019, en horas de la mañana, cuando el imputado habría sacado diversas fotografías a una alumna en práctica al momento que ella ocupaba el baño del Gobierno Regional.
La fiscal indicó que debido a que el delito tiene asignada una pena de reclusión menor en cualquiera de sus grados y una multa que va entre 50 y 500 UTM, se solicitó para el imputado las cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas. El juzgado de garantía acogió la solicitud de la Fiscalía y fijó un plazo de investigación de 100 días.