Declaración presentada por el rector de la universidad Arturo Prat, Alberto Martínez Quezada
Nuestra región de Tarapacá está siendo conmovida por una crisis migratoria y humanitaria generada por la mala gestión del gobierno nacional frente a la entrada masiva de migrantes latinoamericanos, y en especial venezolanos. Esto se ha traducido en campañas y marchas públicas donde se ha ejercido violencia –física y simbólica- contra migrantes sin una acción suficiente de las autoridades para detenerlas y una fuerte manipulación ideológica que niega las experiencias de convivencia multicultural que están en las raíces históricas de nuestra región. No cabe duda de que se trata de un asunto complejo.
Muchos/as habitantes de la región son también víctimas del mal manejo de esta crisis por las autoridades gubernamentales (ausentes durante demasiado tiempo), y sencillamente reclaman su derecho legítimo a un entorno social y familiar tranquilo y seguro. Ello ha llevado a un estado de tensión permanente, evidenciado ampliamente en todos los medios de comunicación nacionales y locales, que muestra a nuestra región como un territorio sin control y con una predisposición xenofóbica, lejana de nuestra reconocida e histórica cultura cosmopolita y multicultural.
Entendemos la desesperación de muchas y muchos compatriotas, pero las campañas anti migración no van a contribuir al desarrollo social y cultural de nuestras comunidades. El odio solo engendra odio, y la violencia nunca cesa de generar violencia. Un futuro de odio y violencia es incompatible con la filosofía de la Universidad Arturo Prat, cuya misión se basa en nuestro compromiso con la interculturalidad, la defensa irrestricta de los derechos humanos y el ser actores relevantes en nuestro territorio. Por nuestra vocación de servicio, anunciamos próximos pasos para sostener un programa de trabajo en esta dirección pues creemos imprescindible que se adopten medidas para evitar la ocurrencia de nuevos espacios de enfrentamientos.
Concretamente, proponemos a las autoridades regionales y comunales avanzar de inmediato en las siguientes direcciones:
-Suspender todo discurso que criminalice al migrante equiparándolo con el delincuente, como si el incremento de la inseguridad ciudadana, y la extensión del narcotráfico fueran consecuencias de la migración. Sin desconocer la importancia crítica del problema de la delincuencia y el narcotráfico, pensamos que criminalizar la migración es un discurso de odio, mal intencionado y que no tiene ningún asidero real.
-Dar mayor espacio desde la prensa, redes sociales y autoridades regionales a informaciones objetivas sobre la naturaleza de los migrantes y los procesos de migración, las normas internacionales y las obligaciones a cumplir que tiene el Estado de Chile y toda persona que pueble el territorio.
-Que las autoridades locales y regionales coordinen sus acciones con el apoyo metodológico de los organismos especializados del Sistema de Naciones Unidas (ACNUR, OIM), para crear albergues de tránsito en Colchane, Huara e Iquique que permitan cobijar a las personas y evitar la indigencia y el uso de los espacios públicos, en particular de aquellas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Estos albergues deben estar dotados de condiciones adecuadas de habitabilidad, normativas higiénico-sanitarias, servicios de transportes desde y hacia la ciudad y servicios educativos a niños y niñas. Deben, además, tener garantías de no expulsión indiscriminada, no criminalización y protección a la seguridad de sus vidas.
-Buscar otras formas de descongestionar la presencia de migrantes en la ciudad de Iquique, mediante la viabilizarían de contactos familiares y de movimiento hacia otras ciudades, en coordinación con las autoridades nacionales y siempre en el marco de las normas legales existentes y de los compromisos internacionales del país.
-Diseñar un sistema de sana convivencia, que permita retomar nuestra cultura de comunidad cosmopolita y multicultural, como siempre lo ha sido, donde cada habitante pueda transitar con tranquilidad y seguridad por nuestra hermosa tierra.
Si bien es cierto la solución de estos problemas (migración, delincuencia, narcotráfico) no es responsabilidad de la Universidad Arturo Prat sino de las autoridades nacionales y regionales, ponemos a disposición de estas autoridades todas nuestras experiencias en función de estas acciones. Estamos ante una crisis de la política migratoria inédita en la historia de Chile y de América Latina que nos interpela como sociedad y nos obliga a buscar alternativas y acciones que propendan, ante todo, a la protección y dignidad de las personas. Hay que hacerlo, y hacerlo desde todos los lugares, por la integridad física y moral de las personas migrantes, pero también por el honor de los/as habitantes de Chile y de nuestra querida región.