De esta forma serían 17 los imputados formalizados por delitos de fraude al fisco, cohecho/soborno, lavado de activos y violación de secreto.
En una audiencia realizada esta mañana, la Fiscalía sumó a otros dos nuevos imputados en la investigación conocida como Caso LED, y que tiene relación con los hechos de corrupción que habrían ocurrido en las licitaciones por la reposición del alumbrado público en la ciudad de Iquique.
Los fiscales Gonzalo Guerrero y Eduardo Ríos formalizaron a los imputados J.H.A. y A.L.V. por el delito de lavado de dineros, indicando que el primero de ellos era representante legal de una empresa de estacionamientos, y concertado con los imputados representantes de Itelecom, generó facturas ideológicamente falsas por servicios no prestados para justificar las salidas de dinero desde las cuentas de Itelecom, dinero que correspondía al pago de los sobornos a los funcionarios públicos imputados en esta causa.
Así, el imputado J.H.A. habría emitido tres facturas por un monto superior a los 171 millones de pesos. Una vez que recibió el pago de estas facturas por parte de Itelecom, giró el dinero y se lo entregó en efectivo al imputado C.U.B. -que era el intermediario de Itelecom-, previo descuento de los impuestos a pagar y de una comisión por la gestión.
En el caso de la imputada A.L.V., la Fiscalía detalló que ella actuó como testaferro de su pareja el imputado J.V.P., ya que éste habría adquirido con el dinero recibido por el soborno, un vehículo nuevo marca Mazda CX3 por el valor de 12 millones de pesos y lo puso a nombre de la imputada, quien conocía el origen ilícito del dinero usado para comprarlo.
En la audiencia, los fiscales también precisaron los actos de lavado de dinero efectuados por los otros imputados que ya habían sido formalizados por este delito, dado cuenta de las diversas acciones realizadas por cada uno para ocultar el dinero recibido por las coimas.
Además, la Fiscalía detallo la maniobra que permitió defraudar al Fisco, indicando que los representantes de Itelecom, en conocimiento de los antecedentes de la licitación y del aseguramiento de la adjudicación, aumentaron artificialmente la oferta económica en a lo menos 500 millones de pesos, los cuales estaban destinados a pagar los sobornos comprometidos.