La acusada realizó distintas acciones vulneratorias contra ciudadanas extranjeras que fueron revisadas en el control aduanero del río Loa.
Tal como lo había solicitado la Fiscalía de Iquique, el tribunal oral en lo penal resolvió condenar a la funcionaria del Servicio Nacional de Aduanas J.M.S.R. como autora de cinco delitos de apremios ilegítimos cometidos en contra de mujeres extranjeras que fueron detenidas con droga en la Avanzada Aduanera del río Loa.
Tras la realización del juicio se dio por acreditado que en dos fechas distintas del año 2019, la acusada, siendo funcionaria de Aduanas y en el marco de las fiscalizaciones realizadas a buses que pasaban por el complejo del río Loa, revisó a cinco mujeres, llevándolas hasta un cuarto privado donde les realizó distintas acciones vulneratorias a objeto de que confesaran que habían ingerido ovoides con droga y acelerar la expulsión de los mismos.
El fiscal Juan Zepeda junto a la abogada Victoria Márquez del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), presentó en el juicio los testimonios de las víctimas (de nacionalidad boliviana y peruana), de los funcionarios de la Policía de Investigaciones que realizaron las diligencias para esclarecer los hechos, y de los peritos del Servicio Médico Legal que realizaron los protocolos de Estambul a las mujeres afectadas, confirmando las lesiones físicas y sicológicas sufridas.
En el veredicto, el tribunal señaló que para arribar a la condena “se tuvo en especial consideración la situación de vulnerabilidad en que se encontraban las víctimas al momento de los hechos, por su condición de mujeres, extranjeras, con un escaso nivel educacional, sometidas a un control por parte de una funcionaria pública mientras se encontraban sometidas a un control y desprovistas de cualquier protección, lo que fue confirmado por los antecedentes probatorios allegados a este juicio”.
Este es el segundo juicio oral que se realiza en este caso, ya que el primero -que condenó a la acusada por tres delitos de tortura y dos de apremios ilegítimos-, fue anulado por la Corte Suprema que acogió el recurso presentado por la defensa de la funcionaria.
La fiscalía de Iquique está pidiendo una pena única de 7 años de presidio en contra de la acusada. La lectura de sentencia se realizará el próximo 7 de septiembre
