A comienzos de marzo un lugareño encontró al interior de un predio el cuerpo de la víctima, que estaba amordazado y amarrado de pies y manos.
Por el delito de secuestro con homicidio la Fiscalía del Tamarugal formalizó a dos hombres y una mujer – todos chilenos-, quienes de acuerdo a la investigación realizada con la Policía de Investigaciones, habrían participado en la muerte de Arvenis Andrade Ayala, de nacionalidad venezolana, cuyo cuerpo fue encontrado amordazado y amarrado en un predio rural ubicado en la localidad de La Huayca, a comienzos de marzo de este año.
En la audiencia de formalización, el fiscal jefe del Tamarugal, Hardy Torres, explicó que entre la noche del 18 de febrero y la madrugada del día siguiente, los imputados Johanny Robles Ramírez, Ricardo Romero Vergara y Cristal Puentes Mainat se encontraban al interior de un domicilio en el poblado de La Tirana, cuando fueron en un vehículo en búsqueda de la víctima, con quien Cristal Puentes había tenido problemas previos. Tras ubicarlo en la cercanía de la plaza del poblado, lo detuvieron y lo ingresaron contra su voluntad en el automóvil, llevándolo hasta el domicilio donde lo encerraron, lo amordazaron y lo amarraron de pies y manos para evitar que pidiera ayuda o intentara huir.
El fiscal agregó que allí lo mantuvieron un tiempo prolongado, golpeándolo inhumana y profusamente en distintas partes del cuerpo y apuñalándolo varias veces, lo que le causó finalmente la muerte. Mientras la víctima aún agonizaba, los imputados la trasladaron hasta un predio rural ubicado en el sector de Pampa Challa, en la localidad de La Huayca, donde la abandonaron. El 2 de marzo un lugareño encontró su cuerpo aún amarrado y amordazado, dando aviso a la Policía.
El fiscal Torres di cuenta de las diligencias realizadas por la Brigada de Homicidios que permitieron identificar a la víctima y luego a los imputados, en especial la declaración de testigos y el análisis del sitio del suceso.
Dada la gravedad de los hechos, el fiscal solicitó la prisión preventiva de los imputados por ser su libertad un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que fue acogido por el juzgado de garantía de Pozo Almonte, fijándose un un plazo de investigación de 90 días.