Desde el año 2007 el Estado de Chile tiene pendiente cumplir con el acuerdo de solución amistosa suscrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ello a raíz del caso de Sonia Arce Esparza, quien en 2001 recurrió a la CIDH para denunciar la discriminación que vivía por el hecho de ser una mujer casada bajo el régimen de sociedad conyugal, condición que le impedía disponer de sus propios bienes.
El primer compromiso del acuerdo de solución amistosa fue la promulgación de una ley que reformara el régimen de sociedad conyugal. No obstante, desde ese año, y a pesar de los intentos que se han realizado por saldar esta deuda del Estado de Chile con las mujeres, la realidad es que continuamos sin poder hacerlo y esto principalmente por falta de acuerdo en el denominado “patrimonio reservado” de las mujeres. Para poder destrabar la discusión y avanzar hacia el cumplimiento de este compromiso de Estado, como Gobierno presentamos indicaciones que abordan este, uno de los grandes nudos que ha paralizado su tramitación legislativa.
El patrimonio reservado de la mujer casada es una figura creada para permitirles a las mujeres administrar aquello que obtienen como fruto de su trabajo, y como una forma de compensación a la inhabilidad que las afecta con el actual régimen. Sin embargo, una vez que concretemos la reforma y ambos cónyuges puedan administrar indistintamente los bienes sociales, el patrimonio reservado carecerá de fundamento jurídico. Por otra parte, cada cónyuge podrá administrar su patrimonio propio (en la actualidad la mujer está impedida de administrarlo. Estos argumentos hemos utilizado para proponer su eliminación y así destrabar el nudo que nos ha impedido promulgar las modificaciones al régimen y saldar la deuda del Estado con las mujeres de Chile.
Con la intención de no desproteger a las mujeres, la propuesta del Ejecutivo incorpora, además, elementos para la protección de los bienes inmuebles de la sociedad conyugal, en particular de aquellos que haga de residencia familiar y especialmente de los que se adquieran por subsidio habitacional, porque sabemos que el 72% de las personas que ahorran para acceder a una vivienda son mujeres. En concreto, luego de un trabajo entre el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, liderado por la ministra Antonia Orellana, y los ministerios de Justicia y Derechos Humanos y de Vivienda y Urbanismo, hemos propuesto que la vivienda que se adquiera mediante subsidio habitacional ingrese al haber social; y de liquidarse la sociedad, el cónyuge beneficiario del subsidio pueda adjudicarse el bien inmueble.
Hoy tenemos la oportunidad de destrabar la discusión y saldar una deuda de larga data con las mujeres casadas bajo el régimen de sociedad conyugal en Chile, y también con todas las mujeres del país, porque cuando avanzamos en derechos, poniendo fin a las discriminaciones que afectan la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, se benefician todas las mujeres. Es tiempo de saldar la deuda, es tiempo de avanzar hacia un Chile para Todas.
NOEMI SALINAS POLANCO
Seremi de la Mujer y Equidad de Género
Región de Tarapacá