Estamos viviendo días complejos en estos 50 años desde el Golpe de Estado; y no puedo dejar de hacer un ejercicio de memoria desde una perspectiva muy personal. El 11 de septiembre de 1973, significó el quebrantamiento de nuestra historia, un suceso dramático que marcó la historia de nuestro país.
Aquel día, las FFAA tomaron el control del país derrocando a un presidente democráticamente electo e iniciaron un régimen de facto que pretendió a través de la imposición cruel y dolorosa establecer una doctrina política-económica basada en la acumulación de la riqueza por unos pocos, el control y manipulación de la información, el castramiento del pensamiento crítico y la aniquilación sistemática de la oposición.
Sin pretender levantar un debate respecto de lo sucedido, lo concreto es que hoy permanecen abiertas profundas heridas que impiden un encuentro fraterno y de hermanos entre quienes habitamos este hermoso país. Por estos días, hemos vuelto a recordar testimonios directos de quienes hoy tienen la posibilidad de contar su tragedia y cuyo relato se convierte en un acto heroico de sobrevivencia.
En Tarapacá hemos participado de diversos ejercicios de memoria, desde los que relatan lo dificultoso que resultaba el ejercicio libre de la profesión en tiempos de dictadura, como es el caso de médicos, periodistas, abogados, profesores, entre tantos otros, pasando por la persecución de dirigentes sindicales, por el solo hecho de ser defensores de conquistas laborales que hoy todos podemos disfrutar como algo natural; hasta llegar al relato desgarrador de quienes sufrieron en carne propia lo más brutal de las represiones del Estado: privación de libertad, tortura, violación, asesinato y desaparición de cuerpos.
A 50 años del golpe, el Estado aún mantiene una deuda con miles de familias. Hace 50 años, la dictadura utilizó al Estado de Chile y a sus agentes para generar una violencia metódica y sistemática para imponer sus términos. Por eso reafirmamos la convicción que si fue el Estado el responsable de estas desapariciones, será el Estado el que se haga cargo de buscarles.
“No es fácil imaginar el dolor de quienes quedan, de quienes han buscado y aún buscan, de quienes han esperado tanto tiempo por una política de Estado que se haga cargo de esa búsqueda, de esa reparación y que no escatime ni un solo esfuerzo posible, para garantizar que nunca más nuestra sociedad se vuelva contra sí misma, que nunca más se vuelvan a levantar las armas del Estado contra su pueblo”, manifestó recientemente el delegado presidencial de Tarapacá, Daniel Quinteros.
En esta línea, el Gobierno del presidente Gabriel Boric, ha impulsado el Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia. Este plan, es una política nacional permanente y sistemática, que tiene como objetivo general esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y conocer el destino de las personas víctimas de desaparición forzada, de conformidad con las obligaciones del Estado de Chile y los estándares internacionales.
Cuidar la democracia es un deber permanente y un desafío de todos los días, más aún cuando la irrupción de nuevas corrientes nos muestra la importancia de reflexionar sobre los riesgos que amenazan nuestra convivencia.
Necesitamos renovar, como país, nuestro compromiso democrático con respeto, tolerancia, memoria y diálogo, para fortalecer la esperanza de un futuro mejor para todas y todos. Esto como un homenaje a quienes no están y a la democracia que recuperamos después de oscuros años.
Rodrigo Vargas Briones
Seremi de Gobierno
Región de Tarapacá