En el reciente seminario realizado en Iquique, “Contrabando, Comercio Ilegal y Crimen Organizado: La Mirada Económica y Legal en Tarapacá”, organizado por la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Tarapacá (UTA), y el proyecto FIC del Gobierno Regional, Centro de Microdatos de Tarapacá (CEMIT), arrojó distintos análisis y visiones que van en la misma dirección, y que es la falta de control en la Región de Tarapacá.
Así lo manifestó el Dr. en Derecho, José Manuel Melero, presidente del Observatorio del Comercio Ilícito y Seguridad (OCIS) de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), quien explicó que la relación entre crimen organizado y comercio informal es estrecha. “Existe esa relación muy vinculante entre uno y otro, se retroalimentan. Por lo tanto, son una amenaza para el comercio formal; es una competencia desleal. Por eso creamos el OCIS, que es una mesa público-privada que propone soluciones y medidas que ayuden a contener, apalear y mitigar estos fenómenos”, enfatizó.
Asimismo, reconoció que “no hay soluciones mágicas en este tema, pero sí se pueden hacer campañas de sensibilización (El Contrabando es Contra Todos). Nosotros, con la fuerza de tarea que estamos trabajando con la Subsecretaría de Prevención del Delito, vamos a hacer un plan nacional de fiscalizaciones, sensibilizaciones ciudadanas, estamos cambiando también algunas normativas, impulsando iniciativas e ir resolviendo temas de ordenanzas municipales, temas de organización institucional, de las policías, de las municipalidades, de Aduanas, para que estos servicios se coordinen mucho mejor y colaboren entre sí”.
De la misma manera, afirmó que “este seminario fue una buena instancia para el debate público y privado. Estamos muy contentos y agradecidos de que se nos haya invitado a esta tribuna que nos permite hacer ver el punto de vista del sector privado en torno al comercio ilícito y al crimen organizado y ver cómo podemos colaborar, cómo podemos entendernos con las autoridades del sector público, y particularmente con la Región de Tarapacá, que no siempre a nivel central tenemos claro lo que está ocurriendo aquí. Nos ha permitido aprender muchísimo”.
GASTO EN SEGURIDAD
Melero declaró que “el comercio ilícito y el crimen organizado han obligado a las empresas a aumentar fuertemente sus gastos en seguridad. Nosotros tenemos una encuesta, y en el caso del pequeño comercio oscila entre los 350 y los 500 mil pesos. Lo que se traduce en gastos de cámaras de vigilancia, guardias de seguridad, vigilantes, rejas, dispositivos tecnológicos, llegando hasta los 3 millones 500 mil pesos en el comercio mediano”.
Asimismo, aseguró que “en alguna época pedimos al Ejecutivo, ya no hemos insistido nuevamente, que se pudiese hacer una especie de garantía tributaria para las inversiones que se hicieran por el concepto de seguridad, pero no se ha hecho. Este gasto ha subido exponencialmente, en un 40 por ciento”.
Otro de los expertos fue Jaime Rojas, quien es asesor en seguridad pública del Centro Nacional de Análisis Criminal (Cenacrim) quien afirmó “que uno de los problemas estructurales de Chile es que no tiene una política nacional de seguridad, la que se viene discutiendo desde el 2004, pero hoy, luego de 20 años, no hay atisbos de que salga algo concreto. Por lo tanto, es más un tema político que institucional”.
ZONA FRANCA
Rojas dijo que se requieren zonas de control especializadas para los casos de zonas francas (como la de Iquique) y el movimiento de mercancías, que, por su lógica, es distinto a las regiones donde ellas no existen. “Acá existe un alto incentivo de importar mercancías de cualquier tipo al no pagar impuesto”, lo que se agrava por la baja capacidad de fiscalización existente, expresó.
De la misma forma, aseveró que “hoy, la contingencia está dominada por discursos populistas y centrada, particularmente, en el tema de la criminalidad y la inseguridad ciudadana, lo cual limita la discusión de temas de fondo”.
Igualmente, destacó dos aspectos que facilitan el delito, que tienen que ver con este triunvirato territorial que existe cuando tenemos zonas donde existe un puerto, fronteras y transacciones de productos, como es lo que pasa en la región de Tarapacá. Segundo, hay un tema asociado a la estructura de la criminalidad doméstica, que tiene que ver con el triunvirato, territorio, comercio y extorsión. Por lo tanto, a partir del territorio se genera comercio y eso implica que los grupos o bandas organizadas asociadas a este tipo de transacciones, utilicen la extorsión como medio para obtener beneficios.
Por lo tanto, Rojas resumió su exposición diciendo que es urgente tener una visión país de estos temas y, en el caso territorial, “también Tarapacá requiere, urgentemente, mecanismos de control de la zona franca porque por allí seguramente hay mucha fuga de bienes que sirven para contrabando”.
En conclusión, destacó que los aspectos mediáticos no contribuyen para nada en la solución de estos problemas, por lo tanto, la prensa no contribuye a tratar de solucionar estos problemas y la política nacional de seguridad, por lo tanto, más allá de eso, contribuye a crear miedo, temores y eso básicamente no da ninguna solución.
El Dr. Iván Valdés, director del CEMIT y moderador de esta instancia de diálogo, destacó que “los elementos mencionados en esa exposición tributan a tener una evaluación multisectorial objetiva, particularmente en nuestra región, donde se dan todos los elementos para el desarrollo y expansión del contrabando, tales como las características del territorio y sus vías de acceso, la longitud de su frontera -que facilita la existencia de pasos ilegales-ampliamente explotados por las bandas dedicadas al contrabando de todo tipo de productos y personas, altas tasas de ocupación informal, casi nulas barreras a la entrada de productos importados, y amplias facilidades para la compra y distribución de mercancías a nivel mayorista y minorista, especialmente a partir del comercio que se genera en torno a Zofri, entre otros”.
Respecto del último punto, enfatizó que “es deseable que la Zona Franca S.A. tenga un rol activo para controlar la existencia de productos falsos que podrían vender algunos usuarios en sus instalaciones, lo que, sin duda, sería una señal potente para desincentivar la venta de productos que atraigan a contrabandistas, tales como ciertos licores, vestuario, artículos de cuero y calzado, entre otros”.