A septiembre de este año, se han terminado 151.163 viviendas, mientras que 126.333 soluciones habitacionales se encuentran en ejecución y otras 73.072 están con sus proyectos aprobados y por iniciar sus obras.
El jefe de la cartera MINVU destacó la importancia de la discusión y aprobación de la ley de Presupuesto, que tiene como foco principal cumplir con la meta de entregar, al finalizar el gobierno, 260 mil viviendas.
– El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, dio a conocer las cifras de avance del denominado Plan de Emergencia Habitacional, dando cuenta de que se han entregado 151.163 viviendas de las 260 mil comprometidas para el final de este gobierno, lo que representa un 58,14% de cumplimiento a septiembre de este año. En tanto, 126.333 soluciones se encuentran en ejecución y otras 723.072 están con sus proyectos aprobados y por iniciar sus obras.
Para el secretario de Estado, este avance está en la línea con el trabajo que se viene desarrollando desde el MINVU para el cumplimiento de la meta comprometida por el Ejecutivo, donde “el Presidente Boric nos puso una meta ambiciosa y en eso estamos trabajando, día a día, con los equipos ministeriales, las funcionarias y funcionarios, porque vamos a cumplir”.
En esta misma línea, el jefe de la cartera MINVU señaló que “el presupuesto del Ministerio de Vivienda y Urbanismo para el 2025 contempla un aumento de 11,4% en recursos para enfrentar los desafíos estratégicos y el 76,2% del gasto del presupuesto estará enfocado en el Plan de Emergencia Habitacional”. Al respecto, detalló que “la gestión ministerial abordará las problemáticas y nudos críticos que dificultan su ejecución, poniendo énfasis en la diversificación de las formas de producción de viviendas, en la problemática de asentamientos precarios y en mejorar el acompañamiento social en los territorios”.
Uno de los ejes principales, desde el ministerio, ha sido relevar la alianza público-privada en la tarea de disminuir el déficit habitacional. Al respecto, el ministro señaló que “desde siempre hemos dicho que este es un desafío país, del Estado, de todos, y por varios gobiernos. Hemos avanzado en el Plan de Emergencia Habitacional y lo hemos hecho con todo tipo de empresas, con las organizaciones sociales y con el Estado”. Además, destacó “que la labor del ministerio le dé un mayor dinamismo al sector construcción, lo que a su vez produce efectos multiplicadores en la economía, en el empleo y en el crecimiento”.
Del mismo modo, el ministro hizo un llamado a la banca a sumarse a esta tarea, señalando que “los bancos cumplen una función que es darle flujo financiero a distintos procesos. Uno de esos es aportar con préstamos al sector construcción, lo que no ha pasado con la celeridad que esperamos. Necesitamos que estén en una actitud más colaborativa para avanzar en los procesos”.
Otro de los elementos que destacó en la instancia es la llamada “permisología”: “somos las principales víctimas de este tema y hemos impulsado cuatro leyes para reducir los tiempos en algunos de los procesos”, agregando que “valoramos que el Congreso haya despachado a ley el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones en materia de plazos y sanciones por incumplimiento para simplificar y agilizar la tramitación de permisos de construcción. Esperamos que esta ley de consenso permita saldar deudas históricas de tramitación, certeza y participación de quienes quieren hacer buenos proyectos para la ciudad y contribuir a la implementación del Plan de Emergencia Habitacional”.
Respecto a la demora en la entrega de proyectos, el ministro emplazó a las empresas eléctricas y sanitarias a cumplir con los plazos establecidos de conexión y habilitación de servicios en viviendas MINVU. “Muchas veces tenemos las viviendas listas y la conexión con el empalme y todo el sistema eléctrico en algunos casos se demora diez meses. La casa construida, terminada, no se puede habitar porque las empresas no cumplen con sus compromisos”, lo que termina afectando directamente a las familias, recalcó.
En esta misma línea, el jefe de la cartera valoró la apertura de un sumario de la Contraloría contra el Consejo de Monumentos, ya que se detectaron solicitudes con casi 900 días sin respuesta, lo que, a su juicio, “va a obligar a transparentar y exigir cambios en el funcionamiento porque hay proyectos que se ven retrasados por estas burocracias”.