El Gobierno del Presidente Gabriel Boric se está haciendo cargo de una deuda que afectó en forma directa la calidad de vida de miles de profesores, profesoras y sus familias, cuando la dictadura traspasó la administración de la Educación Pública desde el Ministerio de Educación a las municipalidades.
En este escenario, los nuevos empleadores desconocieron un aumento salarial establecido en el artículo 40 del Decreto Ley 3.551, lo que generó una reducción de ingresos y pensiones, y con ello, miles de docentes vieron vulnerados sus derechos y fueron perjudicados injustamente por el Estado de Chile. Así surgió la deuda histórica.
Hoy, por primera vez, se presenta una reparación viable, consensuada y validada democráticamente, ya que el 82% de los docentes afectados que participaron de una consulta pública organizada por el Colegio de Profesores se manifestaron a favor de la propuesta presentada por el Gobierno.
Esta iniciativa, que avanza en el proceso legislativo, contempla un pago individual por única vez de $4,5 millones a cada docente afectado vivo, partiendo por aquellos de mayor edad para continuar con los profesores de menor edad.
La propuesta contempla que el pago se pueda hacer en dos cuotas (octubre y enero del año siguiente) y se divida a los docentes en seis grupos, distribuidos en seis años, a partir de la promulgación de la ley.
Cumplir con la deuda histórica es un paso importante para la valoración de la labor docente en Chile y esta propuesta refuerza el reconocimiento al rol fundamental de los profesores en la construcción del país.
Este un acto de justicia que llega tarde para muchos y muchas y que no puede seguir esperando. Nuestro llamado es a honrar su legado y abrir también un nuevo camino, un nuevo horizonte para la educación en Chile, reconociendo el valor de las y los docentes en el desarrollo social de nuestra patria.
Carolina Vargas Bruna, Seremi de Educación de Tarapacá