En respuesta a las denuncias de la comunidad aymara de Jaiña, se realizó una inspección en el área protegida, donde se constató la apertura de caminos ilegales afectando 21 hectáreas del ecosistema altoandino y dañando formaciones xerofíticas.
El pasado martes 21 de enero se realizó una inspección predial a la localidad de Chiapa entre guardaparques y fiscalizadores tanto de CONAF como de la Superintendencia del Medio Ambiente a sectores del Parque Nacional luego de las denuncias recibidas respecto a la construcción de un camino ilegal en el sector sur del cerro Tata Jachura, lugar de gran importancia espiritual para la comunidad indígena Aymara.
Los profesionales constataron la corta no autorizada de 10 individuos de llareta (Azorella compacta), especie que se encuentra en categoría Vulnerable (VU) y cuyos ejemplares constituían una formación xerofítica. En el lugar se encontró también afectación de especies acompañantes de pasto viscachero (Stipa venusta) y paja brava (Festuca chrysophylla) como consecuencia de la construcción de un camino de aproximadamente 3 m de ancho y 19 km de largo desde la ruta internacional CH-15.
Para el levantamiento de los antecedentes de la corta se realizaron “registros fotográficos del área afectada y registro de puntos geográficos mediante GPS; posteriormente usando el Sistema de Información Geográfico (SIG) realizamos la cartografía digital georreferenciada del área de corta tomando como base las imágenes del dron y luego confeccionamos un mosaico de fotografías aéreas que sirvió de base para elaborar la planimetría de los puntos de corta” detalló la directora regional de CONAF, Natalia Ortega.
El área de afectación al ecosistema por corta de formaciones xerofíticas corresponde a 21 hectáreas, 8 de ellas dentro del Parque Nacional Volcán Isluga, implicando además perjuicio a un Área Silvestre Protegida del Estado.
El fiscalizador Claudio Toledo de CONAF indicó que “en el trayecto fue posible constatar presencia de llaretas con evidente grado de alteración que se encuentran en categoría de Conservación Vulnerable, asociada a ejemplares de paja brava y tola, además del descepado de formaciones xerofíticas de llaretas, cuyo daño se encuentra tipificado en el Artículo N° 2 de la Ley 20283”.
La destrucción de estos ejemplares representa una pérdida significativa del capital natural que constituyen tales formaciones vegetacionales, además de la pérdida de servicios ecosistémicos como la protección del suelo contra la erosión, la regulación del ciclo hidrológico y refugio de hábitat para fauna silvestre.
“La acción perpetrada no hace más que propiciar la degradación del medio natural y desprotección de la diversidad biológica, por lo que es necesario que el daño al ecosistema ocasionado sea reparado mediante acciones de reforestación y aplicar sanciones a los responsables. Por ello hemos interpuesto una querella por delito ambiental contra quienes resulten responsables por la responsabilidad en el artículo 310 del Código Penal, es decir, afectación de los componentes del medio ambiente dentro de un Parque Nacional” precisó la directora Natalia Ortega.