Por Camila Castillo, delegada presidencial provincial del Tamarugal
El compromiso del Presidente Gabriel Boric de instalar una Fiscalía en la comuna de Colchane hoy se está cumpliendo con la inauguración del nuevo recinto. Y, en ese sentido, me quiero hacer cargo sobre el manto de dudas que se ha instalado sobre su funcionamiento. En concreto, se ha señalado que no habrá un fiscal exclusivo para Colchane, cuestión que omite deliberadamente información esencial para entender el funcionamiento de esta nueva oficina de la Fiscalía: habrá un equipo de abogados exclusivamente en esta comuna trabajando todos los días de la semana, con un fiscal de turno que liderará las investigaciones. Eso, en los hechos, es presencia del Ministerio Público donde antes no había nada.
Hasta hace poco, si una persona en Colchane era víctima de un delito debía trasladarse a Pozo Almonte para poder hacer una denuncia. Hoy ya no. Este nuevo espacio permitirá que las víctimas y testigos sean atendidos directamente en la comuna. Y eso importa, porque no solo se trata de infraestructura, sino de acercar la justicia a quienes han estado históricamente postergados.
La Fiscalía no llega sola. Se suma a una serie de inversiones en seguridad que ha impulsado el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, como la presencia permanente del Ejército, el funcionamiento 24 horas del Complejo Fronterizo y la nueva Comisaría de Carabineros. Todas estas medidas responden a una realidad compleja en el territorio, donde se requiere acción concreta más que discursos grandilocuentes.
¿Es suficiente? No, pero es un paso importante. Por eso es clave que el Congreso avance con decisión en la tramitación del proyecto de ley que fortalece el Ministerio Público. Esta ley, que ya lleva más de un año en discusión, permitirá contratar más fiscales y funcionarios, lo que es urgente para una región que necesita más herramientas para combatir el delito y proteger a su gente.
La seguridad no se resuelve de un día para otro, sino que se construye con medidas reales. Y una Fiscalía en la frontera, aunque algunos quieran minimizarla, es exactamente eso: una medida real que mejora el acceso a la justicia y fortalece la presencia del Estado donde más se necesita.