Por Ignacio Prieto Henríquez
Cada 1 de mayo no solo se celebra un feriado irrenunciable, sino que se conmemora la lucha histórica de miles de trabajadores y trabajadoras que, con organización y convicción, abrieron paso a derechos fundamentales en el mundo del trabajo. Esta fecha representa la memoria viva del movimiento sindical, de las conquistas logradas y de las que aún están por venir.
En este nuevo Día Internacional del Trabajador y la Trabajadora, es imprescindible reafirmar nuestro compromiso con el trabajo decente, entendido no solo como empleo con remuneraciones justas, sino también como un espacio digno, protegido y conciliable con la vida familiar. Es el corazón de una sociedad justa y el pilar del desarrollo sostenible.
Bajo el Gobierno del Presidente Gabriel Boric, hemos impulsado una agenda laboral ambiciosa, fruto del diálogo social y de una profunda convicción de justicia. Entre los avances más relevantes destaca el reajuste histórico del salario mínimo, que alcanzará los $500.000 durante este mandato. Esta medida, construida en conjunto con la CUT y el sector empresarial, no solo mejora los ingresos de cientos de miles de familias, sino que también reconoce el valor del trabajo humano en un país que quiere crecer con equidad.
La implementación de la Ley de 40 Horas es otro paso trascendental. Reducir la jornada laboral implica más tiempo para la familia, para el descanso y para el desarrollo personal. Este cambio, que avanza de forma gradual y con resguardo a las MiPymes, pone en el centro la calidad de vida y la productividad con sentido humano.
A esto se suma la Ley de Conciliación de la Vida Personal, Familiar y Laboral, una herramienta concreta para facilitar el empleo femenino y reducir las barreras que enfrentan muchas mujeres para desarrollarse laboralmente. Más de 26 mil trabajadoras en nuestra región ya están accediendo a estos beneficios. Impulsar la corresponsabilidad social y la autonomía económica de las mujeres no es solo un asunto de equidad: es también una estrategia inteligente de desarrollo.
En el ámbito de la protección laboral, la ratificación del Convenio 190 de la OIT y la promulgación de la Ley Karin nos acercan a entornos laborales más seguros, libres de acoso y violencia. Porque ningún empleo puede construirse sobre la base del temor, el maltrato o la discriminación. Estas normativas garantizan un trato digno, y sobre todo, un cambio cultural necesario y urgente.
También estamos avanzando en la implementación de la Reforma Previsional que busca corregir las inequidades del sistema actual. Apostamos por un modelo mixto, donde el componente solidario permita mejorar de forma real las pensiones actuales y futuras, poniendo fin a un sistema que ha dejado a muchos atrás.
Pero los desafíos continúan, y uno de los más urgentes a nivel regional es mejorar el empleo, dinamizar las economías locales, fortalecer las competencias laborales de nuestra población, fomentar la inversión y acompañar a quienes hoy buscan oportunidades reales para salir adelante. El trabajo decente no puede ser un privilegio de algunos sectores: debe ser una realidad para todas las regiones del país.
Sabemos que el camino hacia un Chile más justo, inclusivo y democrático requiere voluntad, trabajo conjunto y persistencia. La universalización de la sala cuna, la reducción de brechas de género, la formalización del empleo y la consolidación de todos estos cambios son parte de una tarea que asumimos con convicción.
Hoy, al mirar hacia atrás, rendimos homenaje a quienes dieron la pelea por derechos que hoy parecen intransables. Y al mirar hacia adelante, reafirmamos nuestro compromiso con un mundo laboral más justo, inclusivo y digno. Porque no puede haber desarrollo sin trabajadores y trabajadoras con derechos. Esa es nuestra tarea, y ese es nuestro compromiso.