Cada 7 de agosto conmemoramos el Día del Dirigente Social y Comunitario, una fecha que nos invita a reconocer la labor silenciosa, persistente y profundamente comprometida de quienes, desde sus territorios, lideran procesos sociales fundamentales para la vida en comunidad. Lejos de los flashes y los titulares, son ellos y ellas quienes canalizan las demandas ciudadanas, gestionan soluciones cotidianas y representan la primera línea del tejido democrático.
Hoy más que nunca, su rol cobra especial relevancia. En tiempos marcados por la inseguridad, la desconfianza institucional y las tensiones sociales, los dirigentes se transforman en puentes vitales entre la ciudadanía y el Estado. No son sólo representantes de juntas de vecinos, clubes deportivos, uniones comunales, centros de madres o clubes de adulto mayor, son verdaderos agentes de cambio social, articuladores del desarrollo local y defensores activos de los derechos comunitarios.
Esa cercanía y compromiso, sin embargo, no está exenta de riesgos. Muchos dirigentes y dirigentas enfrentan amenazas, hostigamientos e incluso agresiones por asumir esta labor, especialmente cuando denuncian situaciones delictuales o injusticias estructurales. Es por ello que urge avanzar en mecanismos institucionales que no sólo reconozcan su rol, sino que también lo protejan de manera efectiva.
En esa línea, destacamos el avance legislativo del proyecto de Ley de Protección a Dirigentes Sociales, que propone incorporar una agravante penal específica contra quienes cometan los delitos de amenazas, lesiones u homicidio en represalia por el ejercicio de funciones dirigenciales. Esta iniciativa representa un paso concreto hacia la protección jurídica de quienes asumen un liderazgo social en contextos de alta vulnerabilidad.
Por ello, hacemos un llamado claro a nuestras diputadas y diputados de Tarapacá para avanzar con decisión en la aprobación de este proyecto que se votará el lunes 11 de agosto en el Congreso Nacional. Su respaldo es clave para enviar una señal política y legislativa potente, que reconozca y resguarde de forma efectiva a quienes dedican su vida al fortalecimiento de sus comunidades. Proteger a los dirigentes sociales es proteger la democracia desde sus cimientos.
Pero la protección no puede agotarse en la vía punitiva. También requiere formación, acompañamiento y fortalecimiento de capacidades. Por eso valoramos iniciativas como la Escuela de Formación Social en Seguridad y Prevención Comunitaria, impulsada por el Ejecutivo, que ha permitido capacitar a dirigentes en herramientas para abordar los desafíos de sus comunidades con mayor respaldo institucional.
Este Día del Dirigente, más que una efeméride, debe ser un compromiso renovado: con la democracia participativa, con la justicia territorial y con quienes día a día sostienen nuestras comunidades desde el corazón del barrio. Avanzar en su protección no es sólo un acto de justicia, es también una forma de fortalecer el país que queremos construir.
Rodrigo Vargas Briones
Seremi de Gobierno de Tarapacá