El parlamentario por Tarapacá sostuvo que el descontrol en el norte dejó de ser solo un fenómeno migratorio y pasó a convertirse en un problema de seguridad nacional, en medio del debate por el proyecto que amplía las facultades policiales para controles preventivos en zonas fronterizas e infraestructura crítica.
En el marco de la discusión parlamentaria del proyecto que amplía las facultades policiales para realizar controles preventivos de identidad y registros de vestimentas, equipaje y vehículos en zonas fronterizas, puntos estratégicos e inmediaciones, el diputado por la Región de Tarapacá, Álvaro Jofré, advirtió que el Estado debe recuperar capacidades reales de fiscalización frente al avance de rutas clandestinas, contrabando, narcotráfico y crimen organizado.
La iniciativa, aprobada en general por la Cámara de Diputadas y Diputados y que volverá a comisión para revisar modificaciones, contempla la posibilidad de efectuar controles en infraestructura crítica como puertos, aeropuertos, hospitales e instalaciones energéticas, además de una franja de hasta diez kilómetros hacia el interior del país desde el límite fronterizo.
Durante su intervención en sala, Jofré sostuvo que la discusión no puede reducirse únicamente a un debate migratorio, ya que la falta de control en pasos no habilitados ha permitido la consolidación de dinámicas delictuales que afectan directamente a regiones como Tarapacá.
“La soberanía no consiste solo en tener leyes o instituciones, sino en la capacidad real del Estado para decidir, imponer orden y preservar su existencia política. Chile no puede permitir que la frontera se transforme en una ficción jurídica”, señaló el parlamentario.
En esa línea, el diputado afirmó que cuando el Estado deja espacios sin control efectivo, estos terminan siendo ocupados por organizaciones ilegales. “Cuando el Estado pierde control de sus fronteras, otros ocupan ese lugar. Eso fue precisamente lo que ocurrió en el norte de Chile, donde las rutas clandestinas y los pasos ilegales terminaron siendo utilizados por el narcotráfico, el contrabando y el crimen organizado”, agregó.
Jofré también valoró que la discusión incorpore un enfoque de seguridad nacional, especialmente en regiones extremas donde las consecuencias del ingreso irregular, el tráfico ilícito y las redes criminales se viven con mayor intensidad. A su juicio, el Estado requiere herramientas preventivas concretas y no solo declaraciones de voluntad.
“El problema de la frontera no es solo migratorio ni policial. Es un problema de autoridad política y de debilitamiento progresivo de las capacidades institucionales. Por eso el Estado necesita facultades reales de control en sus fronteras”, enfatizó.
La iniciativa continuará su tramitación en comisión, instancia en la que se analizarán las modificaciones ingresadas al articulado. En ese escenario, Jofré planteó que el debate debe avanzar con sentido de urgencia, especialmente considerando la realidad que enfrentan las regiones del norte frente al crimen organizado, el contrabando y el uso de pasos ilegales como rutas de operación delictual.