La iniciativa es el resultado del trabajo de las seis sesiones realizadas hasta ahora por el consejo regional, integrado por instituciones de persecución penal, policiales y agencias fiscalizadoras.
El delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, presentó este lunes el Plan Regional contra el Crimen Organizado a los integrantes del consejo regional, el cual considera un total de 71 medidas concretas para fortalecer las capacidades de las instituciones en la prevención y persecución de delitos priorizados.
La medida, que responde a las principales preocupaciones del Gobierno del Presidente Gabriel Boric, fue dada a conocer en la sexta sesión del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, la cual contó con la participación de la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, y las principales autoridades judiciales, de persecución penal, policiales y agencias fiscalizadoras.
Este Plan Regional contra el Crimen Organizado es el resultado del trabajo realizado en las seis sesiones del consejo asesor y considera 71 medidas en torno a los ejes centrales definidos por las instituciones: Especialización y descentralización de capacidades; dotación; modernización en equipamientos y herramientas investigativas; iniciativas de modificación legal; y establecimiento de protocolos de actuación interministerial que permitan la identificación y reconocimiento de referentes de actuación para un despliegue eficaz y mejores resultados.
Los delitos priorizados en este plan son: el contrabando; el tráfico de armas; tráfico de drogas; tráfico de migrantes; la trata de personas; el lavado de activos y delitos económicos; además de otros dos delitos conexos propuestos por las instituciones, como el robo de vehículo y el secuestro.
Cabe precisar que dicho plan será revisado y monitoreado de forma permanente por parte de las instituciones integrantes del Consejo Regional contra el Crimen Organizado, correspondiente a la subsecretaría del Interior, la Delegación presidencial regional de Tarapacá, el Ministerio Público, Carabineros, Policía de Investigaciones, Gobierno Regional, seremi de la Mujer y Equidad de Género, Gendarmería, Servicio Nacional de Aduanas, Registro Civil e Identificación, Servicio de Impuestos Internos, Dirección General de Aeronáutica Civil, Servicio Agrícola y Ganadero y Armada de Chile.
Respecto a las medidas que contempla el plan, el delegado presidencial regional de Tarapacá, Daniel Quinteros, explicó que el objetivo es “desestructurar el poder que tienen hoy día bandas organizadas que se dedican a distintos delitos que ponen en jaque a la seguridad de la población”. Por ello, agregó que “el plan considera 71 medidas específicas y concretas para llevar adelante una agenda de seguridad que permita entregar mejores capacidades de investigación al Ministerio Público, pero también a las policías, y mayores facultades de fiscalización también a los organismos como el Servicio Nacional de Aduanas, Impuestos Internos, entre otros”.
La autoridad regional también explicó que esto “viene a complementar el trabajo que hemos realizado con el Plan Regional de Seguridad Pública, en el cual tenemos priorizados delitos como los homicidios, los robos con violencia o intimidación, y también la violencia intrafamiliar”.
Tras la presentación del plan a los integrantes del consejo, el fiscal regional de Tarapacá, Raúl Arancibia, detalló que “el delegado nos había dado la tarea de que cada una de las instituciones participantes expusiéramos las brechas y los distintos problemas (…) creo que todos cumplimos y hoy día la delegación está haciendo una sistematización de eso y va a salir un plan que creo que va a cubrir todos los elementos que estimamos”.
Asimismo, el fiscal regional destacó que “va a ser marcadamente regionalista”, valorando que “cada región tiene sus particularidades y esta muy especialmente por su condición fronteriza, por su condición comercial por la zona franca, por el contrabando, por el tráfico de armas, por el tráfico de migrantes”.
Por su parte, la directora nacional de Aduanas, Alejandra Arriaza, valoró que “este trabajo implica una integración entre los distintos servicios públicos que están trabajando juntos para poder perseguir y luchar contra el crimen organizado (…) y permite a Aduanas tener una participación activa en estas mesas y ponerse disposición también del trabajo de esta cadena logística”.