Daniel Quinteros Rojas
Delegado presidencial regional de Tarapacá
El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia es una política pública permanente del Estado que se hace cargo de realizar todos los esfuerzos necesarios para buscar esclarecer las circunstancias de desaparición o muerte y el destino final de nuestros y nuestras compatriotas víctimas de desaparición forzada. Además de dar cumplimiento a las obligaciones y los estándares internacionales, el Plan es un acto de compromiso con la democracia, que asume la memoria no desde el rencor sino desde la convicción de que conocer toda la verdad es la única vía posible para construir un futuro más libre y respetuoso de la vida y la dignidad humana.
Por ello reafirmamos la importancia de la memoria como un remedio frente al olvido y un antídoto contra el negacionismo. Porque el olvido equivale a la negación de una parte de nosotros mismos, a veces motivada por la vergüenza de la culpa y, otras, por el dolor de la ausencia. Y es ahí cuando debemos volver a recordar, una vez más, que los horrores de la dictadura no fueron ni el resultado del delirio de unos pocos ni la simple suma de casos aislados: se trató, en cambio, de personas que fueron ejecutadas y desaparecidas por agentes del Estado, utilizando recursos fiscales, de manera sistemática y organizada, y con una planificación precisa para derrumbar cualquier atisbo de oposición y controlar a la sociedad entera a través del miedo y la represión.
Fueron 1.469 vidas y familias que en un instante fugaz dejaron sus últimos recuerdos en el mar, en las montañas o en el desierto. De ellas, gracias al trabajo comprometido de las organizaciones, familiares, jueces y abogados, han sido encontrados los restos de 307, dejándonos aún con la herida abierta de no poder encontrar a esas otras 1.162. No es fácil imaginar el dolor de quienes han sufrido y que aún sufren, de quienes han buscado y aún buscan y de quienes han esperado tanto tiempo por una política de Estado que se haga cargo de esa búsqueda y de su reparación. Por ello, el Plan Nacional de Búsqueda asume que tenemos como Estado una tarea pendiente y una deuda histórica con quienes fueron y seguirán siendo parte de nosotros.
A 50 años del golpe cívico-militar, debemos tener la convicción de que si fue el Estado el responsable de su desaparición, debe ser entonces el Estado el que se encargue de buscarlas. Si queremos garantizar que nunca más nuestra sociedad se vuelva contra sí misma, asumamos el compromiso transversal de sostener una política que nos permita responder el “¿dónde están?”. Porque no hay paz sin justicia, ni justicia sin verdad, nuestro Chile y el Chile del mañana quiere y necesita conocer toda la verdad. Hoy, más fuerte que nunca, abracemos la paz, la democracia y la justicia, porque no hay mañana sin ayer, ni futuro sin memoria.