Directora Consuelo Contreras expuso ante la comisión de DD.HH. del Senado convocada por tragedia en la Brigada Huamachuco del Ejército, donde falleció un joven y otros 45 fueron afectados en su salud.
• “Necesitamos instituciones que no se involucren en la comisión de delitos, porque es corrupción. Esperamos que se tomen todas las medidas por parte del Ejército y el Ministerio de Defensa para que ello no ocurra”, indicó la directora.
• El jefe (s) de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, dijo que la querella por apremios ilegítimos demanda una decisión para que el caso lo vea la justicia civil. “La justicia militar en temas de violaciones a los DD.HH. carece de garantías para las víctimas”, señaló.
La directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Consuelo Contreras, expuso ante la comisión de DD.HH. del Senado que escuchó a los familiares del conscripto fallecido en Putre. A través de una conexión remota, Contreras señaló que, en este caso, donde además otros 45 jóvenes resultaron afectados, hubo violaciones a los DD.HH. “Las responsabilidades penales son individuales y el Ejército no debe verse involucrado en este hecho. No fue el Ejército. Fueron personas individuales”, dijo la directora.
Esta sesión la convocó la presidenta de la comisión de DD.HH., la senadora Fabiola Campillai, y recibió a los familiares del fallecido conscripto Franco Vargas (19). Él falleció mientras realizaba su servicio militar en la Brigada N° 24 Huamachuco, de la VI División del Ejército. Al mismo tiempo, otros 45 conscriptos resultaron afectados en su salud física y mental y algunos de ellos debieron recibir atención hospitalaria en Arica o Santiago. Varios conscriptos decidieron dejar la instrucción y los trasladaron en avión a la capital.
A raíz de la tragedia, el INDH presentó una denuncia ante el Ministerio Público y luego comenzó la preparación de una querella por el delito de apremios ilegítimos, que interpondrá en las próximas horas.
Directora argumenta por querella
En su intervención, la directora del INDH dijo que “este caso es sin dudas una violación de derechos humanos. Estos jóvenes, niños, estaban bajo la custodia del Estado”, indicó. Además, detalló que cuando el instituto conoció el hecho emprendió una labor de acompañamiento con las familias. Esto se realiza en la sede de Arica y Parinacota y luego, en la de la Región Metropolitana. “Vamos a hacer este acompañamiento durante todo el tiempo que sea necesario”, dijo.
Contreras defendió que el caso lo vea la justicia civil y no la militar. “Esta es una querella que tenemos la convicción de que debe ser vista por la justicia ordinaria. Nuestro país ya tiene una sanción en tribunales internacionales por la aplicación inadecuada de la justicia militar, que es el caso Almonacid. Por lo tanto, el país nuevamente, si va a la justicia militar, se va a arriesgar a una nueva sanción internacional”, recordó.
Parámetros planteados
Además, la directora insistió en que en este caso debe haber “verdad, porque necesitamos saber todo lo ocurrido. También necesitamos justicia: tiene que haber justicia plena respecto de lo que ocurrió. Y junto con ello reparación y medidas de no repetición. Esto no puede volver a ocurrir”, indicó.
Contreras sostuvo que el Ejército debe abstenerse de intervenir en la situación. “Quienes cometieron el delito, el grave delito en contra de todos estos jóvenes, y especialmente el delito cometido en contra de Franco, deben responder ante ese delito”, dijo y añadió: “son personas individuales. Las responsabilidades penales son individuales y el Ejército no debe verse involucrado en este hecho. No fue el Ejército. Fueron personas individuales”
Es por ello, argumentó, que “en una democracia como la que nosotros estamos viviendo, donde se respeta el Estado de Derecho, necesitamos instituciones que no se involucren en la comisión de delitos, porque es corrupción. Esperamos que se tomen todas las medidas posibles por parte del Ejército y el Ministerio de Defensa para que ello no ocurra”.
Consejera Oberreuter
En tanto, la consejera del INDH Haydee Oberreuter expuso la declaración que acordó el Consejo del INDH, que señala que el instituto “seguirá con atención las medidas que adopte la autoridad, en especial la investigación interna para determinar la eventual responsabilidad de mando que condujo al fallecimiento de un joven y la afectación en la salud de otros”.
Además, señaló que en dicha declaración se hace presente que cuando un equipo del INDH se presentó en el Grupo 10 de la FACh para poder tomar contacto con los primeros jóvenes traídos a Santiago, “no fue permitido el ingreso a funcionarios del Instituto para cumplir con el mandato legal, pese a lo ya dictaminado por la Contraloría General de la República”.
Claves de la querella
Ante la comisión también expuso el jefe (s) de Protección de Derechos del INDH, David Bahamondes, dijo en torno a la competencia entre la justicia militar y la civil que “es un tema que como instituto necesitamos que se esclarezca a la mayor brevedad. En la querella que se presentará se incorpora discutir de inmediato la jurisdicción. Esto no puede quedar en algo así como ‘vamos a ver qué pasa’. Es indispensable que mediante los recursos propios del Estado de Derecho se determine claramente que, como señala el instituto, se conozca en la justicia ordinaria. Forma parte de las acciones que nosotros tenemos, porque obedece a un estándar”, dijo.
El jefe (s) de la Unidad de Protección de Derechos señaló que “el Estado de Chile recibió sanciones anteriormente por parte del sistema interamericano, porque consideró que la justicia militar en temas de violaciones a los DD.HH. carece de las garantías para las víctimas de estas violaciones. La víctima no tiene un rol en el proceso ante la justicia militar, precisamente porque su fin es el juzgamiento de hechos que lesionan bienes jurídicos militares”, recordó.