Ivonne Donoso Olivares
Delegada presidencial regional de Tarapacá
La promulgación de la Ley que crea el Ministerio de Seguridad Pública marca un hito en el fortalecimiento del Estado para enfrentar el crimen organizado y la violencia. Este nuevo ministerio tendrá la misión de proponer iniciativas legales, reglamentarias y administrativas al Presidente de la República, además de evaluar su implementación y eficacia. Asimismo, liderará la formulación de la Política Nacional de Seguridad Pública, un marco estratégico que incluirá medidas concretas para la prevención del delito, la protección y atención a víctimas, y la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo.
El diseño propuesto por nuestro gobierno considera a la seguridad como una tarea que atraviesa a todo el Estado y al conjunto de la sociedad, por ello contará con un enfoque integral de la seguridad, donde todas las instituciones encargadas, ya sea autónomas o dependientes del gobierno central, trabajarán de manera coordinada, colaborativa y con un objetivo común.
En ese sentido, el nuevo ministerio, que es parte de la estrategia del Gobierno para contar con un Estado más fuerte y herramientas sólidas y eficaces para combatir el crimen y la violencia, deberá proponer al Presidente de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas en las materias de su competencia, además de evaluar su aplicación. Asimismo, deberá proponer la Política Nacional de Seguridad Pública, que deberá incluir expresamente una estrategia de prevención del delito, la protección y atención de víctimas, así como medidas de combate y prevención del crimen organizado y de actos terroristas, entre otros.
Parte de las nuevas funciones y atribuciones del Ministerio de Seguridad Pública es la creación del Centro Integrado de Coordinación Policial (CICPOL), unidad asesora a cargo de identificar situaciones de riesgo, coordinar operaciones policiales complejas y facilitar el intercambio de información entre sus integrantes y otras entidades públicas y privadas.
También contempla la creación del Consejo Nacional de Seguridad Pública y el Consejo Nacional de Prevención del Delito, instancias de coordinación y colaboración para la elaboración del Sistema de Seguridad Pública. Ambas instancias contarán con consejos en cada región de Chile.
La nueva cartera contará con dos subsecretarías: de Seguridad Pública y de Prevención del Delito, además de secretarios regionales ministeriales de Seguridad Pública a lo largo del territorio nacional, quien tendrá dedicación exclusiva a las tareas relacionadas a la materia para implementar medidas específicas a cada realidad regional. También existirán Departamentos Provinciales de Seguridad Pública, cuyo territorio podrá comprender una o más provincias de la misma región de acuerdo a criterios de distancia, conectividad, entre otros.
La creación de este ministerio responde a una demanda urgente de la ciudadanía, es decir, contar con un Estado más fuerte, con herramientas eficaces y capacidades institucionales robustas para enfrentar el crimen y la violencia con determinación.
La seguridad no es solo un deber del gobierno, sino un desafío que nos involucra a todos y todas. Con esta reforma, avanzamos hacía un “Chile más seguro”, donde el combate a la delincuencia y la prevención del delito sean ejes fundamentales de la acción pública, Chile necesita instituciones que estén a la altura de los desafios actuales, y este ministerio es una respuesta concreta y necesaria.
Desde mi posición como delegada presidencial, junto a todo un equipo que integra la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, asumimos con compromiso la tarea de implementar estas políticas en nuestra región, fortaleciendo la seguridad y protección de nuestras comunidades.