La escuela es el principal espacio de formación de nuestros niños, niñas y jóvenes. No solo entrega conocimientos, sino que también construye convivencia, valores y cohesión social. Por eso, cuando la violencia irrumpe en las comunidades educativas, estamos frente a una amenaza directa al desarrollo del país.
Hoy enfrentamos una realidad que no podemos relativizar. En Chile, durante 2025 se registraron más de 6 mil amenazas en contextos escolares, junto a cientos de casos vinculados a drogas y armas. Es una tendencia que se ha ido consolidando y que exige una respuesta firme del Estado.
En Tarapacá, las señales son claras. Solo en el primer semestre de 2025 se contabilizaron más de 330 denuncias por convivencia escolar, más del doble que en años anteriores. Y tres de cada cuatro casos están relacionados con conflictos de convivencia. A esto se suma un dato reciente, es que solo en abril se registraron más de 40 amenazas que obligaron a suspender clases o activar medidas de seguridad en distintos establecimientos. O sea que no es un problema puntual, es un tema estructural.
Frente a este escenario, el Gobierno del Presidente José Antonio Kast ha impulsado el Plan Escuelas Protegidas, cuyo objetivo es que la escuela vuelva a ser un espacio seguro, donde prime el respeto, la autoridad legítima y el derecho a aprender. Este plan fortalece la prevención, establece sanciones frente a delitos y entrega mayor respaldo al cuerpo docente.
Esta agenda ya muestra avances concretos. El plan fue aprobado en la Cámara de Diputados con 103 votos a favor, reflejando un respaldo transversal y la convicción de que esta problemática debe abordarse en bloque, convocando las voluntades de todos los sectores para dar una respuesta urgente y efectiva a las comunidades educativas.
Aquí no hay espacio para ambigüedades. Cuando se suspenden clases por amenazas o se vulnera la seguridad de quienes educan, no estamos frente a hechos aislados, sino ante señales que exigen actuar con decisión. Por el contrario, no actuar y normalizarlos sería renunciar a uno de los pilares fundamentales del desarrollo.
Debemos ser enfáticos en señalar que la violencia no puede quitarnos los espacios para la educación. Recuperarlos es una tarea compartida, pero con un rol irrenunciable del Estado, que es garantizar condiciones de seguridad y resguardar a las comunidades educativas. En Tarapacá esto ya se trabaja de forma coordinada, avanzando con foco territorial en Iquique, Alto Hospicio y el Tamarugal.
Este es un momento de decisión. Porque educar es construir futuro. Y no hay futuro posible si la violencia se instala en nuestras escuelas.